Las autoridades de Seguridad, junto con el Fiscal General de la República, presentaron a una estructura criminal señalada de cometer hurtos sistemáticos de teléfonos celulares en unidades de transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador.
De acuerdo con la investigación, iniciada en enero de 2024, el grupo estaba conformado por nicaragüenses, hondureños y salvadoreños, quienes actuaban de manera coordinada para ejecutar los robos. La estructura era dirigida por los ciudadanos nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu.
El esquema criminal estaba perfectamente organizado y los implicados contaban con tareas definidas para operar diariamente en rutas del transporte colectivo. El método consistía en abordar los buses en grupos de dos a cinco personas, distraer a las víctimas mientras otro miembro sustraía los dispositivos móviles, ocultarlos en mochilas voluminosas y descender rápidamente para escapar en vehículos que los esperaban en puntos estratégicos.
Posteriormente, los celulares eran llevados al centro de San Salvador, donde eran desbloqueados para ser revendidos. De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la red enviaban remesas diarias de entre $80 y $120 a sus países de origen, producto de las ganancias ilícitas.
Esta operación permitió la detención de la estructura y su presentación pública, en el marco de la estrategia de combate a las redes delictivas que operan en el transporte público.
Estado firme ante el crimen
“El Estado salvadoreño no va a permitir que bandas organizadas, sean nacionales o extranjeras, conviertan nuestros buses en territorio de impunidad”, expresó el Fiscal General.
Las detenciones se sustentan en investigaciones técnicas y coordinación con:
•PNC
•Migración
•Fiscales investigadores y unidades especializadas
Los capturados serán procesados judicialmente, y la FGR hizo un llamado a las víctimas para que interpongan denuncias formales, asegurando confidencialidad y acompañamiento.
El Gobierno reitera su compromiso de interrumpir las cadenas de comercialización ilegal y proteger a los usuarios del transporte público, especialmente estudiantes, madres, padres y trabajadores que dependen de este medio diariamente.
