En 2011, Rodolfo Antonio P. E. y Ana C. M. M. se divorciaron y un juez de familia le impuso al sujeto una cuota mensual de 300 dólares, en concepto de cuota alimenticia para su hija, que entonces tenía dos años. Desde entonces, solo en una ocasión le dio 125 dólares en efectivo.
El imputado, quien es un profesional, no ha sido localizado ni su exesposa ha tenido contacto con él. Deberá ser un juzgado de instrucción el que decidirá si emite una orden de detención.
Hasta la fecha, la deuda suma un poco más de 43 mil 200 dólares, aunque una certificación de la Procuraduría General de la República señala que la deuda asciende a $1 mil 959, pues la calcula desde octubre del año pasado, cuando la exesposa fue a interponer la demanda por cuota alimenticia; no obstante, la deuda viene desde 2011.
Rodolfo Antonio, un profesional en administración de empresas, fue acusado por incumplimiento de los deberes de asistencia económica en el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, que no pudo intimar al procesado porque no fue localizado.
No obstante, con base a las reformas penales se efectuó la audiencia inicial ya que fue representado por un procurador. Al final la juzgadora decretó instrucción simple sin medidas y solicitó que se realicen estudios socioeconómicos al imputado y a la madre de la niña afectada.
