En el marco de la gestión del presidente Nayib Bukele, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) se ha erigido como la principal institución del país en la colocación y administración de créditos para vivienda, alcanzando un monto significativo de $701.5 millones destinados a beneficiar a 33,300 familias, lo que se traduce en 139,850 salvadoreños beneficiados.
La titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, atribuye este éxito al compromiso asumido por el Sistema de Vivienda en sus distintos niveles de dirección, respaldado por los logros del Gobierno Central en términos de seguridad ciudadana y jurídica.
“Con estos números y con los cambios en las políticas crediticias estamos demostrando que somos líderes en financiamiento de vivienda en el país, sobre la banca privada”, enfatizó la ministra.
En este contexto, la funcionaria anunció que el FSV tiene previsto invertir $170 millones en créditos para vivienda en diversas líneas, mostrando un aumento de $20 millones con respecto al año anterior. Destacó que el enfoque principal será en la vivienda de interés social, representando el 96% del total de escrituraciones aprobadas.
La ministra Michelle Sol también reveló la implementación de la cuarta mejora en las condiciones crediticias desde que asumió el cargo, vigente a partir del 16 de enero. Entre las mejoras, destacó que los activos extraordinarios de hasta $25,000 ahora tendrán un interés del 2% (anteriormente 3%), manteniendo la prima en cero.
Además, programas como Casa Mujer experimentarán ampliaciones en la edad y el nivel de ingreso máximo para aplicar. Ahora, el rango de edad se extiende de 26 a 50 años (antes de 26 a 45 años), y el ingreso máximo se eleva a $1,460, equivalente a cuatro salarios mínimos.
Otro programa beneficiado con mejoras es Casa Nueva, con un aumento en el límite de crédito en interés social, permitiendo acceder a créditos de hasta $40,000 con un interés del 4% y prima a tasa cero, comparado con el límite anterior de $30,000.
Michelle Sol subrayó que estas mejoras no solo benefician a los solicitantes, sino que también envían un mensaje claro a los constructores, incentivándolos a invertir en proyectos de interés social, dada la creciente demanda de la población por este tipo de viviendas y asegurando un retorno rápido para los inversionistas.
