En el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, cinco exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, excepto Calixto Mejía, comparecieron en una audiencia en la cual aceptaron haber recibido sobresueldos durante el mandato presidencial de Funes, prófugo de la justicia.
Los exfuncionarios presentes en esta audiencia preliminar son la exviceministra de Tecnología, Erlinda Hándal Vega; Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda; la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo, y Calixto Mejía Hernández, exministro de Trabajo.
El Juzgado Tercero de Instrucción fijó la fecha de sentencia para el próximo 30 de noviembre para estos exfuncionarios que admitieron haber cometido delitos de corrupción. Esta confesión permitirá a los acusados devolver el dinero al Estado, buscando reducir la condena y optar por trabajo comunitario como sustituto.
La Fiscalía General de la República acusa a un total de 10 exfuncionarios de haberse beneficiado con sobresueldos entre los años 2009 y 2014, imputándoles delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y aprovechamiento indebido de fondos públicos.
La confesión de estos cinco exfuncionarios señala que ayudaron a lavar $2,673,000 y se apropiaron indebidamente de fondos públicos, parte de los $351 millones presuntamente desviados por Funes del Estado.
De los montos identificados, se acusa a Violeta Menjívar de haberse apropiado de $177,000 en sobresueldos, Hugo Alexander Flores Hidalgo de $174,000, Erlinda Hándal Vega de $162,000 y Carlos Cáceres de $195,000.
Sin embargo, cinco imputados más, incluyendo a Salvador Sánchez Cerén, Manuel Orlando Quinteros, Lina Dolores Pohl, José Guillermo López Suárez y José Manuel Melgar, no estuvieron presentes en la audiencia. Algunos enviaron representantes legales para actuar en su nombre.
El Juzgado Tercero de Instrucción determinará el 30 de este mes si lleva a juicio a los imputados ausentes, mientras los confesos aguardan su sentencia a fines de noviembre. Este caso continúa generando un gran interés público y judicial en El Salvador, dadas las implicaciones en el mal uso de fondos estatales durante el mandato de Funes.
