El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, anunció en una entrevista matutina que la institución impondrá multas de hasta 500 salarios mínimos a los proveedores que incrementen los precios de forma injustificada en productos de la canasta básica, en el contexto de la emergencia por las lluvias que enfrenta El Salvador.
Salazar afirmó que no hay justificación para incrementos de precios debido a la falta de oferta, ya que las operaciones de importación continúan de manera normal en las fronteras del país y existe un “importante” abastecimiento. “Se nos ha informado que, a pesar de las lluvias, se mantienen todas las labores de importación de productos. Todas nuestras fronteras están trabajando normalmente, no hemos tenido ningún cierre y eso ha permitido tener un buen flujo de productos de Guatemala y Honduras”, declaró Salazar.
“No hay justificación para que exista un incremento en el precio de los alimentos, ya que existe un importante abastecimiento, así como las importaciones se han estado realizando“, agregó el funcionario.
En lo que va del año, la Defensoría ha impuesto alrededor de 88 multas, que suman más de $318,000, a proveedores que han obstaculizado el trabajo de la institución y han aumentado los precios sin justificación. Entre las empresas sancionadas se encuentran supermercados, importadoras y distribuidores de lácteos e insumos agrícolas, entre otros.
Estos hallazgos han sido el resultado de inspecciones realizadas durante todo el año. En el marco de la actual emergencia, se están llevando a cabo verificaciones especiales en mercados y supermercados para asegurar que no existan comportamientos malintencionados. Actualmente, se investigan reportes de incrementos de precios en productos como la papa, y se han activado los mecanismos de requerimiento de información para determinar si hay aumentos injustificados.
“La Defensoría del Consumidor (DC) reitera que sancionará severamente las prácticas abusivas, sin perjuicio de las acciones penales que puedan articularse con la FGR, a efecto de perseguir de oficio las conductas y prácticas como el acaparamiento, agiotaje o la propalación falsa”, indicó Ricardo Salazar.
La DC continuará vigilando de cerca las actividades comerciales para proteger a los consumidores y asegurar que no se aprovechen de la situación de emergencia para obtener ganancias indebidas.
