La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido 138 nuevas órdenes de captura contra dos salvadoreños y cuatro colombianos acusados de estafar a numerosas personas mediante la venta de boletos aéreos y paquetes turísticos falsos. Este caso se suma a uno previo por el cual los imputados ya están siendo procesados, y todos continuarán en prisión mientras avanzan las investigaciones.
Los acusados han sido identificados como David Antonio Rugamas Leiva y Juan Carlos Henríquez López, ambos de nacionalidad salvadoreña, y Lisseth Cristina Posada, Gregoria Andrés García, Natalio Paniagua Jaramío, y Jonathan David Torres, todos de nacionalidad colombiana.
Según las autoridades, los boletos ofrecidos por esta empresa fraudulentamente iban desde los $800 hasta los $4,000 dólares. Las víctimas descubrieron la estafa al intentar utilizar los servicios adquiridos, solo para encontrarse con que la empresa les negaba el servicio o dejaba de responder a sus consultas.
La FGR ha declarado que continuará defendiendo los intereses de la sociedad y buscará justicia para las víctimas de este esquema de estafa. “No descansaremos hasta asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones”, afirmó un portavoz de la Fiscalía.
Las víctimas de esta estafa se encontraron en situaciones difíciles, habiendo confiado en la empresa para realizar sus planes de viaje. Al intentar hacer efectivos los paquetes turísticos y boletos aéreos comprados, se vieron frustrados al no recibir respuesta de la empresa o al ser directamente rechazados. Este esquema de fraude ha dejado a muchas personas en situaciones financieras y personales comprometidas.
La investigación sigue en curso, y las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para fortalecer el caso contra los imputados. La Fiscalía hace un llamado a cualquier persona que haya sido víctima de este esquema a que se acerque y presente su denuncia para asegurar que todos los afectados reciban justicia.
Con estas nuevas órdenes de captura, la FGR reafirma su compromiso de proteger a los ciudadanos y garantizar que aquellos que infringen la ley enfrenten las debidas consecuencias. Este esfuerzo es parte de una campaña más amplia para combatir el fraude y la estafa en todas sus formas en El Salvador y más allá.
