La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla ha admitido casi en su totalidad la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso de enriquecimiento ilícito contra David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes, su exesposa y su hijo. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó un incremento patrimonial no justificado de $308,252.08 durante el período en que Rivas ocupó su cargo, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
La demanda, presentada por la FGR, acusa a Rivas y su grupo familiar de no poder justificar importantes sumas de dinero reflejadas en depósitos bancarios, pagos a tarjetas de crédito y otros movimientos financieros. En respuesta a estas acusaciones, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia ha ordenado la elaboración de un peritaje financiero-contable que revisará las 12 irregularidades señaladas en el informe de Probidad de la CSJ.
Durante la audiencia preparatoria, la admisión de estas pruebas marca un avance significativo en el juicio civil contra Rivas y su familia. El peritaje será clave para determinar la veracidad de las acusaciones y la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito. La audiencia probatoria se programará una vez finalizado el peritaje, donde se presentarán y evaluarán las pruebas detalladamente.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos. La FGR ha solicitado la devolución total del dinero no justificado, buscando reparar el daño causado al Estado salvadoreño. La admisión de pruebas en este proceso refuerza el compromiso de las instituciones judiciales de combatir la corrupción y asegurar que los funcionarios públicos y sus allegados sean responsables de sus actos.